La ombudsperson, Jackeline Ordóñez Brasdefer, informó que solo la mitad de los 60 municipios han reportado acciones para resolver problemáticas observadas en sus centros de detención preventiva por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), los demás no han mostrado interés al respecto.
Explicó que lo principal que tienen que atender los municipios en sus cárceles, son la constante capacitación de su personal de seguridad en materia de derechos humanos, así como garantizar una estancia digna a quienes por alguna falta son detenidos ahí.
Y es que aunque la privación de la libertad esté justificada por la acción policiaca, el que esté dentro una persona no significa que se violenten sus garantías individuales como es acceso a alimentación y trato digno.
Fue en febrero pasado cuando el organismo autónomo emitió la Recomendación General 01/2022 sobre los centros municipales de detención preventiva, de la que se exhibió 56 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en esos lugares, negativas a la inspección, ausencia de infraestructura, condiciones antihigiénicas, entre otras irregularidades
Ordóñez Brasdefer agregó que la CEDHT ha llevado a cabo unas 157 capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales de diferentes áreas, como seguridad pública, educación, migración, entre otros.
