Cachorro sacrificado y otros andan en la pachanga y nadie hace nada  

La opinión de Valentín Lima / El Petardo /Hidelberto Pérez Álvarez presidente municipal de Zacatelco vuelve a estar en el ojo del huracán debido a su detención a manos de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Guardia Nacional.

Se le imputa el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pues se presume que durante el ejercicio fiscal 2022 hizo uso indebido de los recursos públicos, adquisiciones ilícitas, así como pagos de bienes y servicios sin acreditar su recepción.

Esto ha permitido que se le de varias lecturas al hecho, la primera cambia el panorama electoral en Zacatelco a unos días de la elección.

¿A qué candidatos a la alcaldía de Zacatelco beneficia o perjudica la detención de Álvarez? Sobre todo, a unos días de cierre de campaña del proceso electoral.

La segunda, es un secreto a voces que el alcalde también conocido como “El Cachorro” nunca pudo concretar una buena relación con la mandataria estatal Lorena Cuéllar Cisneros.

De ello sobresale que entonces su detención podría deberse a un asunto de carácter personal por ser El Cachorro una piedra en el zapato en el gobierno lorenista, o bien la aplicación de la justicia.

Tercera, si se tratara un sistema de justicia se aplaudiría la decisión de las autoridades de la detención del funcionario, pero también entonces se exhortaría al gobierno lorenista que midiera con la misma vara y aplicara la justicia para otras ex autoridades municipales que también han incurrido en el desvío de recursos.

Ejemplos hay muchos, tan sólo por mencionar algunos Leandra Muñoz autoridad de Mazatecohco que fue acusada por un faltante de 12 millones, Raúl Tomás Juárez en San Pablo del Monte con un daño patrimonial de 24 millones de pesos y el Morenista Jorge Corichi por desvío de 14 millones de pesos.

Si bien es cierto que la detención del “cachorro” es un hecho inédito en Tlaxcala y que debe responder por los cargos que se le imputan, también es necesario que la ley no sea selectiva y se aplique para todos aquellos que también han sido señalados de desvíos millonarios y no se proteja sólo a amigos de la gobernadora.

Por ello deben también ir a la cárcel ex alcaldes de esa demarcación que también vivieron del erario y que en sus manos existió el desmedido desvío de recursos… al menos eso es lo que espera el pueblo.

Tan sólo Tomás Orea Albarán durante los años 2017 a 2019 dejo un daño patrimonial al municipio por más de 100 millones de pesos y hasta el momento no le han aplicado la justicia.

¿Será acaso porque la hija del ex presidente municipal es muy amiga de la gobernadora? Es una duda.

Mientras que Francisco Román en el 2017 enfrentó una denuncia por daño patrimonial de más de 6 millones de pesos y tampoco se le ha imputado delito alguno.

Las dudas saltan y los cuestionamientos son cada vez mayores, pero lo que queda claro es que la detención del “cachorro” cambia el panorama de la gobernabilidad y el sistema de justicia en Tlaxcala.