La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) realizó mesa de trabajo con integrantes del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), con el objetivo de garantizar los derechos de los animales y realizar acciones conjuntas para la difusión de la normatividad administrativa y penal correspondiente en esta materia.
Bajo la premisa de un gobierno cercano, la dependencia junto con la sociedad civil organizada, acordaron la difusión de información dirigida hacia los poseedores de ejemplares (animales), sus cuidados y la prevención para evitar ser sancionados bajo la normatividad administrativa o penal.
Además, coincidieron en la importancia de generar una cultura de denuncia y coadyuvar con los ayuntamientos que al momento han incumplido con la actualización de la reglamentación en materia de Bienestar Animal, pero sobre todo dar atención pronta a las denuncias, en las que muchas autoridades están facultadas a atender.
“Es fundamental que la sociedad civil pueda formar parte de las políticas públicas, para que juntos generemos las estrategias necesarias para la protección animal, mantener un trato digno y con respeto hacia los ejemplares y que verdaderamente las denuncias urgentes sean atendidas oportunamente”, señaló el titular de la dependencia, Iván García Juárez.
El funcionario local expuso que ya se envió una recomendación a las autoridades municipales para que cuenten con la ley en la materia, sin embargo, se remitirá otro aviso con el ánimo de que los 60 municipios del estado cuenten con un reglamento vigente.
En su intervención, los integrantes del OCPA manifestaron que es deber de las autoridades municipales, en primera instancia, prever la existencia de su reglamento en materia de Bienestar Animal, así como atender las denuncias en sus respectivas jurisdicciones.
Finalmente, la Propaet y el OCPA se comprometieron a tener reuniones constantes para dar puntual seguimiento a los acuerdos establecidos con la firme intención de que los avances obtenidos se mantengan y colaborar para que la aplicación de la legislación vigente sea una realidad en la entidad.
