Estas acciones son el resultado de la omisión y complicidad por parte de las autoridades, ya que, en cualquiera de los casos, se estaría hablando de corrupción dentro de la administración municipal.
Desde la llegada de Yazmín Jiménez Rugerio a la presidencia municipal, los actos delictivos en la localidad han aumentado significativamente, lo que ha generado preocupación entre la población.
Estas acciones son el resultado de la omisión y complicidad por parte de las autoridades, ya que, en cualquiera de los casos, se estaría hablando de corrupción dentro de la administración municipal.
A pesar de que la alcaldesa tiene disponible un presupuesto anual de 5 millones 641 mil 586 pesos, que se distribuye entre los 12 meses del año, la situación en materia de seguridad pública sigue siendo alarmante, ya que en los hechos no se reflejan resultados en el combate a la delincuencia.
Por si fuera poco, el municipio también se hizo acreedor a un techo financiero de Fortamun de 470 mil 132.16 pesos mensuales, sin embargo, el presupuesto parece ser insuficiente para dotar a la policía local de los recursos necesarios para cumplir con su labor de manera eficiente.
Actualmente, los elementos de seguridad en el municipio se encuentran en condiciones precarias: carecen de uniformes adecuados, patrullas funcionales y equipos tácticos para enfrentar situaciones de riesgo.
No obstante, que los recursos destinados a seguridad pública llegan puntualmente a la presidenta municipal, los resultados en cuanto a la reducción de la incidencia delictiva no se reflejan en los hechos.
La falta de equipamiento y formación de la policía local, sumada al creciente número de delitos, plantea serias dudas sobre la eficacia de la administración de Yazmín Jiménez para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La situación se está volviendo insostenible, y la población exige respuestas claras y acciones concretas para resolver los problemas de inseguridad que aquejan al municipio.
