Mientras el edil intenta proteger su imagen política, comerciantes temen por sus vidas y cierran sus negocios.
Mientras los ciudadanos viven con miedo, los comercios son incendiados y las amenazas circulan, el presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera sigue negando la realidad: según él, no hay crimen organizado en el municipio.
Entrevistado, el edil en lugar de condenar los hechos y tomar acciones firmes, optó por minimizar lo sucedido y desviar la atención.
“Se dicen muchas cosas”, declaró, desestimando así un acto violento que para la población no es nuevo, sino parte de una creciente ola de inseguridad que su administración ha sido incapaz —o ha decidido no querer— controlar.
Rivera ha elegido el camino de la negación, aun cuando las señales de presencia del crimen organizado son cada vez más evidentes. Su negativa a reconocerlo no solo lo deja mal parado como autoridad, sino que pone en riesgo a toda la población al no enfrentar un problema que está escalando peligrosamente.
Mientras el edil intenta proteger su imagen política, comerciantes temen por sus vidas y cierran sus negocios. Las denuncias por extorsión se comentan en voz baja por miedo a represalias, pero el alcalde prefiere desacreditarlas antes que investigarlas. En los hechos, su silencio y pasividad benefician más a los delincuentes que a la ciudadanía.
Pese a asegurar que trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo cierto es que no se han presentado resultados, operativos visibles ni avances en las investigaciones. Ni una sola detención. Ni una estrategia clara. Solo evasivas.
La actitud del presidente municipal ha sido calificada por sectores de la sociedad civil como una forma de encubrimiento por omisión. Su negativa a aceptar lo evidente refleja una administración que prefiere maquillar los hechos antes que enfrentar la inseguridad con valor y transparencia.
Hoy en Apizaco no solo preocupa la violencia: preocupa más tener un gobierno municipal que se niega a verla.
