Uno de los principales reclamos fue su ausencia de pronunciamientos y recomendaciones durante el pasado 8 de marzo, cuando se documentaron abusos y represión en contra de mujeres manifestantes.
Entre gritos de “¡No reelección!” y “¡Fuera Jakeline!”, activistas feministas irrumpieron este martes en el Congreso del Estado para manifestar su rechazo a la ratificación de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala.
Las inconformes, lideradas por la activista Yenni Charres, se apostaron en la sesión para «arruinarle la fiesta» a la funcionaria y exponer —con pancartas, consignas y señalamientos— lo que calificaron como una gestión “deficiente y omisa” al frente del organismo autónomo. “Venimos a sacarle los trapitos al sol”, dijeron.
La reelección fue aprobada por mayoría legislativa, pese a las múltiples críticas hacia Ordóñez Brasdefer por su falta de acción y posicionamientos ante casos graves de violaciones a derechos humanos, especialmente en lo relacionado con mujeres, víctimas de violencia institucional y personas detenidas arbitrariamente.
Uno de los principales reclamos fue su ausencia de pronunciamientos y recomendaciones durante el pasado 8 de marzo, cuando se documentaron abusos y represión en contra de mujeres manifestantes. “Hay muchos casos en los que las víctimas no recibieron apoyo de la CEDH, y ella simplemente guardó silencio”, afirmaron las activistas.
A ello se suma que la presidenta ratificada tiene una recomendación nacional por tortura, emitida cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público, un antecedente que, según las manifestantes, debió inhabilitarla automáticamente para continuar al frente de un organismo defensor de derechos humanos.
Pese a que fue evaluada como la mejor aspirante en el proceso legislativo, críticas apuntan que su examen académico no debería haber sido el único criterio, sino sus resultados concretos durante el periodo anterior. “No basta con tener un buen currículum, lo que importa es lo que hizo, y claramente no hizo lo suficiente”, expresaron.
Diversos sectores sociales han acusado que su ratificación responde más a decisiones políticas que a una verdadera evaluación del desempeño institucional.
El descontento reflejado en el recinto legislativo deja ver que la continuidad de Ordóñez Brasdefer no contará con legitimidad plena ante los colectivos que exigen una defensa real de los derechos humanos en Tlaxcala.
