Mientras el gobierno sostiene que actuó para evitar inversiones inviables, los proyectos anunciados como prioritarios se desmoronaron por no tener sustento técnico, financiero y social desde su origen.
La cancelación de dos proyectos impulsados por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no solo evidenció problemas de planeación, sino también el peso que han adquirido asociaciones civiles y colectivos ambientalistas en la toma de decisiones públicas en Tlaxcala.
Lo que inicialmente fueron presentados como proyectos estratégicos —la “Ciudad de la Juventud” y el Autotrén Tlaxcala— terminaron frenados tras la presión de organizaciones que cuestionaron desde el inicio su viabilidad. El desenlace refleja un gobierno que anunció obras sin sustento técnico sólido y que terminó cediendo ante el rechazo social.
Activistas y especialistas han sostenido que ambas iniciativas fueron planteadas sin estudios suficientes, con proyecciones poco claras y sin un análisis ambiental integral, lo que las convirtió en proyectos vulnerables desde su origen. Bajo esta lectura, las cancelaciones no serían un acto de planeación responsable, sino la consecuencia de decisiones apresuradas que no resistieron el escrutinio público.
La mandataria tuvo la ocurrencia de presentar sendos proyectos como los de mayor envergadura social, sin embargo los colectivos ambientalistas frenaron los anuncios derivado de que en los hechos atentaban contra el medio ambiente y se trataba sólo de caprichos financieros para que la mandataria tuviera la oportunidad de pagar a empresas foráneas y verse beneficiada económicamente con la aplicación millonaria de recursos, que en los hechos, se presentó una cantidad exorbitante para los verdaderos fines de cada proyecto.
Lo anterior demuestra que la gobernadora no tiene la capacidad para poner en marcha proyectos relevantes y certeros, por el contrario hace las cosas de manera irresponsable perjudicando a la sociedad tlaxcalteca con obras inútiles.
El caso más reciente es la terminación anticipada del contrato para transformar el Parque de la Juventud en “Ciudad de la Juventud”, obra que contemplaba una inversión superior a los 61.8 millones de pesos. Tras la cancelación, la empresa Infraestructura Saggezza devolvió más de 18.5 millones de pesos entregados como anticipo.
Aunque el gobierno estatal, a través de Antonio Martínez Velázquez, aseguró que los recursos fueron reintegrados y redirigidos, el hecho de que un proyecto con contrato firmado, calendario definido y recursos asignados haya sido cancelado refuerza las críticas sobre fallas en su diseño y validación.
A esto se suma el Autotrén Tlaxcala, anunciado en 2023 como una solución de movilidad sustentable, pero posteriormente declarado inviable mediante un Acuerdo Intersecretarial. El dictamen oficial concluyó que el proyecto implicaba altos costos sin beneficios ambientales ni de transporte claramente justificables, además de carecer de sustento técnico y financiero.
Ambos casos reflejan no solo improvisación, sino una administración reactiva, que primero impulsa proyectos de alto perfil y después retrocede ante la presión social y los cuestionamientos técnicos. En ese contexto, colectivos ambientalistas han sido señalados como actores clave que lograron frenar iniciativas consideradas de alto impacto, evidenciando su capacidad de incidencia frente al gobierno estatal.
Las cancelaciones ponen en duda los procesos internos de validación de proyectos, el papel de los asesores y la solidez de los estudios previos. También colocan sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto las decisiones gubernamentales responden a una planeación estratégica o a reacciones ante la presión pública.
Mientras el gobierno sostiene que actuó para evitar inversiones inviables, los proyectos anunciados como prioritarios se desmoronaron por no tener sustento técnico, financiero y social desde su origen.
