En lugar de presentar datos que desmientan puntualmente los señalamientos, el vocero se limitó a ofrecer su propia interpretación.
En Tlaxcala, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado vuelve a mostrar su opacidad y falta de inteligencia al no esclarecer hechos ni transparentar información, al contrario se trata una estrategia de evasión ante señalamientos delicados contra funcionarios públicos.
Esta vez, el coordinador Antonio Martínez Velázquez reaccionó con descalificaciones y minimizaciones frente a las acusaciones que vinculan a Ricardo Peralta Saucedo, titular de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México, con una presunta red de huachicol. Lejos de profundizar en el tema o anunciar acciones claras, el vocero optó por reducir el caso a un “tema mediático”, desestimando el fondo de la investigación.
Durante el llamado “diálogo circular”, Martínez Velázquez fue cuestionado sobre la permanencia de Peralta en el cargo pese a la gravedad de los señalamientos. Su respuesta fue evasiva: reconoció que no “mete las manos al fuego” por el funcionario, pero al mismo tiempo justificó que no exista una postura más firme debido a la ausencia —según dijo— de denuncias formales o investigaciones judiciales en curso.
Con ese argumento, la vocería estatal vuelve a refugiarse en tecnicismos legales para evitar abordar la dimensión pública y política del caso, ignorando que la rendición de cuentas no puede depender únicamente de procesos judiciales, sino también del escrutinio social y mediático.
Más aún, el coordinador de Comunicación no dudó en arremeter contra el trabajo periodístico. Aseguró que la información difundida por distintos medios ha tergiversado el contenido original del reportaje de N+ Focus, intentando desacreditar así las versiones que han dado visibilidad al caso.
Sin embargo, en lugar de presentar datos que desmientan puntualmente los señalamientos, el vocero se limitó a ofrecer su propia interpretación, en la que Peralta Saucedo no figura como un actor central dentro de la presunta red ilícita. Una postura que, lejos de aportar claridad, refuerza la percepción de encubrimiento.
El reportaje en cuestión apunta a la posible participación de Peralta Saucedo en una estructura de contrabando de combustible que habría operado entre 2024 y 2025, con la intervención de empresarios, funcionarios y mandos militares. De acuerdo con esa investigación, su paso por la Agencia Nacional de Aduanas le habría permitido tener control sobre accesos estratégicos en puertos, facilitando presuntamente el ingreso ilegal de hidrocarburos al país.
Pese a la gravedad del señalamiento, el gobierno estatal no ha anunciado investigaciones internas ni medidas preventivas. Por el contrario, la Coordinación de Comunicación Social ha optado por cerrar filas, minimizar el tema y centrar su discurso en cuestionar a la prensa.
No se trata de un hecho aislado. Este patrón se repite cada vez que surgen acusaciones incómodas: se omiten explicaciones de fondo, se evaden responsabilidades y se desacredita el origen de la información. Así, la vocería estatal deja de cumplir su función de informar y se convierte en un instrumento de defensa política.
En lugar de rendir cuentas, el mensaje es claro: ante los escándalos, primero se golpea a la prensa y después —si acaso— se responde a medias.
