Este tipo de prácticas podrían estar vinculadas al escenario político rumbo a 2027, donde algunos alcaldes comienzan a perfilarse como figuras con potencial electoral.
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En Huamantla y otros municipios, han comenzado a circular diferentes versiones en las que presuntamente el presidente municipal Salvador Santos Cedillo estaría siendo objeto de acoso por parte de personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala (OFS), por un posible uso político de las auditorías.
De acuerdo con estas versiones, la intención sería presuntamente ejercer presión para abrir o intensificar revisiones sobre recursos federales, utilizando los mecanismos de fiscalización como una herramienta para condicionar políticamente al edil. Estas acciones no responderían únicamente a procesos ordinarios, sino a una estrategia para someter y alinear al gobierno municipal.
En este escenario, se menciona al titular del OFS, Arturo Lucio Salas, quien presuntamente estaría detrás de estas acciones con el objetivo de influir en la postura política del alcalde y acercarlo a los intereses del gobierno estatal.
Pese a ello, el presidente municipal de Huamantla se habría defendido conforme a lo que establecen las leyes en materia de auditoría, respondiendo a los requerimientos dentro del marco legal y rechazando cualquier intento de presión externa.
Este patrón, según las mismas fuentes, no sería exclusivo de Huamantla. Casos similares presuntamente se estarían presentando en municipios como Contla de Juan Cuamatzi, así como en otras demarcaciones cuyos gobiernos no están completamente alineados con la administración estatal encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros.
Este tipo de prácticas podrían estar vinculadas al escenario político rumbo a 2027, donde algunos alcaldes comienzan a perfilarse como figuras con potencial electoral, lo que los convertiría en actores incómodos o incluso en una “piedra en el zapato” para el oficialismo.
Hasta el momento, no existe una postura oficial por parte del OFS ni del gobierno estatal respecto a estos señalamientos; sin embargo, el tema comienza a escalar ante la preocupación de que las instituciones fiscalizadoras pudieran ser utilizadas con fines distintos a los que marca la ley.