Desde el 2020 la ASF le ordenó al OFS que dejara de meterse en temas que no le competen y que solo se concentrara en recursos estatal.
El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
Un delito federal está cometiendo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) al hostigar y castigar a los presidentes y expresidentes municipales respecto a la aplicación de los recursos asignados a sus administraciones, porque desde 2020 le notificaron a dicha institución que ya no existía ninguna facultad para que fiscalizara recursos federales a los ayuntamientos, indicación que se pasó por el arco del triunfo la entonces titular María Isabel Delfina Maldonado Textle y actual secretaria de la Función Pública del corrupto gobierno estatal que encabeza la priista Lorena Cuéllar Cisneros.
Desde 2020, Maldonado Textle, y el actual auditor Arturo Salas Miguel habría cometido y estarían cometiendo, respectivamente, un delito federal por echar al cagadero un docum¬¬¬¬¬¬ento federal y por violar la indicación girada desde la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, bajo el número de oficio DGJ/A/3527/2020.
Lo peor del caso es que la encargada de vigilar que no se cometan actos de corrupción y de que se hagan las cosas con transparencia en la administración podrida de la 4T del Ejecutivo estatal fue la principal protagonista de que se echara al basurero un documento que, desde diciembre de 2020, dejó en claro que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado no debe meterse en temas que no son de su competencia y que, además, el mismo “valemadrismo” le fue heredado al también ex tesorero de San Pablo del Monte.
El documento, a la letra, dice:
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN JURÍDICA “A”
DGJ/A/3527/2020
Ciudad de México, 02 de diciembre de 2020.
C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
Auditora de Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
Hago referencia al “Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala” (CONVENIO), suscrito el 19 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017.
Al respecto, con fundamento en el artículo 39, fracciones XXI y XXIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, le comunico que el CONVENIO de referencia está terminado, en atención a las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, relativas a su autonomía técnica y de gestión; a su facultad para fiscalizar directamente los recursos federales administrados o ejercidos por órdenes de gobierno locales y por particulares, así como las participaciones federales y a la implementación del Buzón Digital como herramienta para la fiscalización superior, que permite el envío y la recepción de la información y/o documentación electrónica requerida en los procesos de auditoría”.
El oficio está firmado por el maestro Heladio Elías Ramírez Pineda, en calidad de director jurídico de la ASF, y fue recibido en el Poder Legislativo el 9 de diciembre de 2020 a las 9:30 horas.
Todo lo anterior deja de manifiesto que el hostigamiento y los castigos en contra de autoridades y exautoridades municipales se han estado ejerciendo en Tlaxcala a contentillo de quienes habitan en Palacio de Gobierno, en complicidad con el Poder Legislativo y el OFS, bajo un único objetivo: que los alcaldes les besen las patas y se callen cuando se los ordenan.
De ejemplo está el caso de “El Cachorro”, Hildeberto Pérez Álvarez, exautoridad de Zacatelco, quien regaló meses de su vida guardado en el “tambo” por la “presunta” fabricación de una carpeta que lo señalaba como responsable de los cargos de uso ilícito de atribuciones y facultades, vinculado al desvío de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2022. En concreto, es un político al que le gusta la rebeldía y no quiso ponerse a las órdenes del ahijado consentido y actual secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, y la mejor arma para enseñarle “el látigo” fue revisar y cuestionar la aplicación de los recursos públicos en el corazón del sur, para guardarlo en la sombra casi 200 días de su vida. Esto se hizo aunque de sobra las autoridades sabían que era —en apariencia— ilegal.
Una vez más coinciden la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la ASF: al estado solo le toca supervisar las monedas y no los billetes; no hay convenio de coordinación para que Arturo Salas se meta en los recursos que se envían desde el ámbito nacional.
Al OFS, que actualmente representa Salas Miguel, solo le corresponderá revisar la partida de ingresos propios, que representa apenas el 10 por ciento del total de la cuenta pública de cada ayuntamiento.
Por otro lado, a la Auditoría Superior de la Federación le corresponderá la aplicación y comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el gasto corriente.
Es momento de que los 60 ayuntamientos se envalentonen y levanten la voz.
