Las áreas más sensibles, como la jurídica, han sido señaladas por presuntamente quedar en manos de perfiles sin la preparación necesaria, lo que ha provocado fallas operativas y un ambiente laboral tenso.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tlaxcala enfrenta grave señalamientos luego de que trabajadores y extrabajadores denunciaran presuntas irregularidades en la gestión de su titular, María Isabel Maldonado Textle, señalando decisiones que, aseguran, han afectado directamente el funcionamiento interno de la dependencia.
De acuerdo con los testimonios, en los últimos meses se ha registrado una serie de despidos de personal con experiencia, lo que ha derivado en la llegada de nuevos funcionarios ligados a la trayectoria previa de la titular. Estas incorporaciones, afirmaron los quejosos no han respondido a criterios técnicos, sino a relaciones cercanas, generando inconformidad entre quienes permanecen en la institución.
Las áreas más sensibles, como la jurídica, han sido señaladas por presuntamente quedar en manos de perfiles sin la preparación necesaria, lo que ha provocado fallas operativas y un ambiente laboral tenso. Trabajadores refirieron que además existe presión constante hacia el personal, con advertencias sobre posibles bajas, lo que ha incrementado la incertidumbre dentro de la dependencia.
A estas acusaciones se suma la presunta designación de personas cercanas a la funcionaria en cargos de alto nivel, incluso pese a señalamientos por errores administrativos previos. Esta situación, indican, ha generado también observaciones desde otras instancias gubernamentales que han detectado deficiencias en la gestión.
Otro punto es la realización de obras al interior de la Secretaría, donde, según los denunciantes, habría intervención de una empresa vinculada a la propia titular. Este hecho ha levantado sospechas sobre un posible conflicto de interés y el uso de recursos públicos sin la debida transparencia.
Ante este panorama, los inconformes exigen que se realice una revisión a fondo del manejo de la dependencia, al considerar que los hechos denunciados contrastan con la función de una institución creada precisamente para combatir la corrupción y garantizar el correcto actuar de los servidores públicos.
