Emmanuel Ávila González percibe un salario superior a los 111 mil pesos mensuales, además de prestaciones, despensas e incentivos de ahorro que elevan considerablemente sus ingresos.

 

El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos

 

En Tlaxcala ya ni siquiera intentan disimular. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que debería fungir como árbitro imparcial rumbo al proceso de 2027, comienza a comportarse como una oficina alterna de Morena. La reciente resolución del Consejo General dejó al descubierto lo que muchos sospechaban: el órgano electoral está dispuesto a cerrar los ojos ante la campaña adelantada de quienes ya sueñan con la gubernatura.

 

La decisión de exonerar a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y al alcalde capitalino Alfonso Sánchez García por los evidentes actos anticipados de campaña retrata a un instituto electoral dócil, temeroso y completamente rebasado. Bardas pintadas, espectaculares, promoción disfrazada y una estrategia mediática perfectamente calculada fueron minimizadas por el ITE bajo el ridículo argumento de que “no se pudo acreditar directamente la autoría”.

 

Vaya tomada de pelo.

 

Porque en Tlaxcala todos saben quién está detrás de esa propaganda. Nadie se cree el cuento de que las bardas aparecen por generación espontánea o que los espectaculares brotan como milagro electoral. El problema no es la falta de evidencia; el problema es la falta de voluntad para enfrentar al poder.

 

El consejero presidente, Emmanuel Ávila González, terminó convertido en el principal operador de la complacencia institucional. Su voto de calidad sirvió para echar abajo la propuesta que planteaba retirar propaganda y ordenar el blanqueamiento de bardas. En lugar de aplicar medidas cautelares firmes, prefirió el camino más cómodo: pedir un simple “deslinde público” de los involucrados, como si eso bastara para limpiar una violación anticipada al proceso electoral.

 

La actuación del titular del ITE ya raya en lo vergonzoso. Después de fracasar en sus aspiraciones para llegar al Instituto Nacional Electoral (INE), ahora parece decidido a quedar bien con el oficialismo estatal y federal, aunque eso implique sacrificar la poca credibilidad que le quedaba al organismo.

 

El mensaje es peligrosísimo: en Tlaxcala habrá cancha inclinada desde antes de arrancar el proceso formal. Morena podrá promover a sus perfiles sin consecuencias mientras la oposición tendrá que competir contra un aparato institucional que aparenta neutralidad, pero actúa con sumisión política.

 

Y por supuesto que las críticas no tardaron. Partidos de oposición ya analizan impugnar la resolución ante instancias federales e incluso comienza a tomar fuerza la posibilidad de promover un juicio político contra quienes hoy tienen secuestrado al órgano electoral.

 

Porque lo verdaderamente grave no es solo la resolución. Lo alarmante es la percepción de sometimiento. La duda ya está sembrada: ¿qué intereses hay detrás de esta protección descarada? ¿Qué compromisos obligan al presidente del ITE a doblarse frente a Morena?

 

Sobre todo cuando no puede alegar necesidad económica. Emmanuel Ávila González percibe un salario superior a los 111 mil pesos mensuales, además de prestaciones, despensas e incentivos de ahorro que elevan considerablemente sus ingresos. Con semejante nivel salarial, uno esperaría autonomía, firmeza y dignidad institucional; no una actuación gris, tibia y servicial.

 

Pero en Tlaxcala parece que el árbitro ya escogió equipo. Y cuando el encargado de cuidar la legalidad se convierte en comparsa del poder, entonces la democracia deja de ser competencia y empieza a parecer simulación.