Las quejas se dispararon en contra de la administración de Blanca Angulo, lo malo es que hasta la fecha no ha emitió pronunciamiento al respecto. El que calla ortoga.
La administración de la presidenta municipal de Chiautempam Blanca Angulo Meneses fue acusada por ciudadanos de permitir y solapar las mordidas de sus elementos de vialidad a automovilistas.
De acuerdo con testimonios, las “mordidas” que presuntamente solicitan los policías oscilan entre los 500 y 3 mil pesos, dependiendo del tipo de infracción o del vehículo retenido. En casos de motociclistas, señalan que las cantidades suelen ser menores, mientras que para automovilistas o conductores de unidades de mayor valor, el monto incrementa bajo la amenaza de retirar placas o remitir el vehículo al corralón.
Las denuncias apuntan a que no se trataría de hechos aislados, sino de una práctica recurrente. Conductores refieren ser detenidos bajo criterios discrecionales y con procedimientos irregulares, muchas veces por unidades oficiales que ni siquiera cumplen con requisitos básicos como portar placas visibles o documentación en regla.
Uno de los incidentes que detonó mayor indignación ocurrió cuando una oficial intentó retirar la placa de un vehículo mientras operaba en una patrulla sin identificación. Al ser confrontada, la agente habría señalado que actuaba bajo instrucciones superiores, lo que incrementó las sospechas sobre una posible cadena de mando detrás de estas acciones.
Ciudadanos aseguran que estos operativos se han intensificado recientemente, particularmente en zonas de alta circulación, lo que ha llevado a cuestionar si existe un objetivo recaudatorio en la recta final de la administración municipal. La percepción es que las sanciones se aplican sin criterios claros, privilegiando el cobro inmediato por encima de los procedimientos legales.
Asimismo, vecinos denunciaron una fuerte incongruencia, mientras se exige a los ciudadanos cumplir estrictamente con la ley, las patrullas municipales circulan en condiciones irregulares. Esta doble moral ha sido interpretada como un reflejo de desorden institucional o permisividad desde niveles superiores.
El problema, advierten, va más allá del dinero. Habitantes señalaron que la policía municipal ha descuidado tareas fundamentales como la prevención del delito, ya que mientras aumentan estos operativos, los robos y asaltos continúan sin respuesta eficaz.
Otro caso, registrado en la zona de Prolongación Ignacio Picazo, volvió a exhibir el mismo patrón: una oficial fue señalada por actitud prepotente al intentar asegurar una motocicleta, nuevamente en una unidad sin placas visibles.
Ante esta situación ciudadanos exigierin una investigación a fondo sobre el actuar de la corporación y la posible responsabilidad de la presidenta municipal. Consideraron que, de confirmarse estas prácticas, se trataría no solo de abusos individuales, sino de un esquema estructurado que podría tener consecuencias legales y políticas para la actual administración.