Esta por iniciar el “Año de Hidalgo” y todo lo que genere dinero serpa bueno para cerrar la adminsitración.
La intención del Gobierno del Estado que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, de regular scooters y bicicletas eléctricas ya comenzó a generar molestia entre ciudadanos que ven en estas medidas un nuevo intento de control, recaudación y presión contra quienes utilizan alternativas económicas de transporte ante las deficiencias del sistema vial y del transporte público en Tlaxcala.
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Tlaxcala confirmó que en las próximas semanas presentará una regulación para este tipo de unidades, la cual contempla requisitos como registro obligatorio, uso de casco, edad mínima, seguros e incluso multas para los usuarios.
El anuncio fue realizado por Marco Tulio Munive Temoltzin durante el Diálogo “Cirqueros” donde se adelantó que el nuevo esquema podría entrar en operación en aproximadamente un mes.
Aunque oficialmente la dependencia argumenta que las medidas buscan “ordenar” la movilidad y reforzar la seguridad vial, ciudadanos y usuarios de estos medios de transporte consideran que el gobierno estatal nuevamente pretende trasladar la carga a la población mediante restricciones y posibles cobros disfrazados de regulación.
En distintos municipios, el uso de scooters y bicicletas eléctricas creció en los últimos años como una alternativa accesible para trabajadores, estudiantes y jóvenes que buscan evitar los elevados costos del transporte público, el tráfico y el gasto en gasolina. Sin embargo, ahora enfrentan la posibilidad de nuevos requisitos que podrían representar más gastos y trámites burocráticos.
Las autoridades pretenden endurecer reglas para quienes utilizan medios de transporte sustentables, mientras persisten problemas graves como calles en mal estado, falta de ciclovías, inseguridad vial y un transporte público constantemente señalado por deficiencias y malas condiciones.
Para algunos sectores, la medida refleja una visión recaudatoria por parte del gobierno estatal, ya que temen que detrás de la regulación vengan pagos obligatorios, sanciones económicas y operativos contra usuarios que hasta ahora circulaban sin mayores restricciones.
