El funcionario dejó de desempeñar un papel estrictamente institucional para convertirse, dijo Cambrón, en un actor político
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará una denuncia formal ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) contra el vocero de la administración estatal, Antonio Martínez Velázquez a quien responsabiliza de utilizar una posición pública para lanzar ataques políticos en contra del instituto político.
Durante una conferencia de prensa, el dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón, aseguró que el funcionario dejó de desempeñar un papel estrictamente institucional para convertirse, dijo, en un actor político que utiliza los canales oficiales de comunicación del Gobierno del Estado para descalificar a la oposición.
El líder perredista explicó que la inconformidad surgió luego de que el vocero emitiera expresiones que consideró ofensivas y despectivas hacia el PRD desde espacios oficiales de Comunicación Social, lo que, afirmó, representa una conducta prohibida para cualquier servidor público.
Cambrón argumentó que la denuncia está respaldada por lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, el cual obliga a las autoridades a ejercer los recursos públicos con imparcialidad, así como por el artículo 35 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, que impide a los funcionarios intervenir en asuntos político-electorales aprovechando el cargo que desempeñan.
Insistió en que el partido no busca impedir que existan críticas hacia sus dirigentes o sus decisiones políticas, pero advirtió que cuando esas expresiones provienen de un servidor público y son difundidas mediante plataformas oficiales financiadas con recursos del erario, la situación deja de ser un ejercicio de opinión y puede convertirse en una violación a los principios de equidad electoral.
«Una oficina de Comunicación Social tiene la obligación de informar sobre las acciones de gobierno; no puede transformarse en un instrumento para confrontar a partidos políticos ni para influir en el ambiente electoral», sostuvo.
Para el dirigente perredista, el caso rebasa un simple intercambio de declaraciones, pues advirtió que permitir que funcionarios utilicen recursos públicos para intervenir en el debate político abriría la puerta a una competencia electoral desigual, donde el aparato gubernamental podría ser utilizado para favorecer intereses partidistas, una práctica expresamente prohibida por la legislación electoral.
