Dicen haber financiado trabajos de mejoramiento en calles de comunidades como San Matías Tepetomatitlán y Belén Atzitzimititlán.
Una exservidora pública del Ayuntamiento de Apetatitlán decidió hacer públicas una serie de acusaciones en contra del presidente municipal, Azaín Ávalos Marbán, a quien señala de haber incumplido compromisos económicos que, asegura, adquirió desde la campaña electoral de 2024.
La profesionista, quien pidió mantener en reserva su identidad por temor a represalias, sostiene que colaboró de manera cercana con el hoy alcalde antes de que asumiera el cargo e incluso ocupó responsabilidades dentro de la Dirección de Obras Públicas. Ahora reclama la devolución de 341 mil 847 pesos, cantidad que, afirma, salió de su patrimonio para respaldar diversos trabajos y apoyos relacionados con el proyecto político del entonces candidato.
Según su versión, la relación comenzó desde el primer intento de Ávalos Marbán por llegar a la presidencia municipal y se fortaleció durante la campaña más reciente. En ese periodo, dice haber financiado trabajos de mejoramiento en calles de comunidades como San Matías Tepetomatitlán y Belén Atzitzimititlán, con maquinaria y recursos propios, bajo el compromiso de que, una vez ganada la elección, encabezaría la Dirección de Obras Públicas.
La exfuncionaria aseguró que esa promesa sí se concretó inicialmente, aunque posteriormente fue removida del cargo y, hasta la fecha, el dinero que afirma haber invertido nunca le fue reintegrado.
Entre los señalamientos también destaca que, en los días previos a la elección, el entonces candidato presuntamente le solicitó recursos para apoyar la operación política del proceso electoral. De acuerdo con su relato, entregó 100 mil pesos en efectivo, aunque la petición original habría sido mayor.
Para respaldar sus declaraciones, la denunciante asegura contar con conversaciones, documentos, expedientes, comprobantes y otros elementos que, afirma, demostrarían los acuerdos que existieron. No obstante, será responsabilidad de las autoridades competentes verificar la autenticidad y el alcance de dichas pruebas en caso de que se presente una denuncia formal.
De confirmarse los hechos no sólo quedarían en entredicho los compromisos asumidos durante su campaña, sino también la forma en que habría manejado presuntos acuerdos políticos y económicos con personas que respaldaron su llegada al poder.
