Neri Toshiro León Sauza no quiere firmar para que liberen la nómina.
La inconformidad estalló al interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). Trabajadores de la dependencia denunciaron que llevan mes y medio sin recibir su salario, una situación que, aseguran, ya golpea la economía de decenas de familias y que atribuyen directamente al titular del organismo, Neri Toshiro León Sauza.
De acuerdo con los empleados afectados, ya son tres quincenas las que permanecen pendientes de pago, pese a que continúan presentándose diariamente a sus labores e, incluso, algunos cumplen jornadas que superan las 20 horas de trabajo cuando las actividades de la dependencia así lo requieren.
Los denunciantes señalaron que el problema no obedece a una falta de recursos, sino a que presuntamente el titular del SESESP se ha negado a firmar la documentación necesaria para liberar la nómina, lo que mantiene congelados los pagos.
La situación, afirman, ya es insostenible. Mientras el discurso oficial presume avances en materia de seguridad, al interior del organismo encargado de coordinar las políticas públicas en esa área hay trabajadores que no han recibido un solo peso desde hace más de un mes.
Los afectados aseguraron que, pese a la falta de pago, no han dejado de cumplir con sus responsabilidades por temor a perder su empleo, aunque muchos ya enfrentan problemas para cubrir gastos básicos como renta, alimentación, transporte e incluso el pago de servicios.
Los trabajadores hicieron un llamado directo a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que intervenga de inmediato y explique por qué una dependencia estratégica para la seguridad pública mantiene a su personal sin salario.
«Seguimos trabajando, seguimos cumpliendo, pero nadie nos dice cuándo nos van a pagar», señalaron algunos de los afectados, quienes consideran inadmisible que una institución gubernamental incurra en retrasos de esta magnitud.
Neri Toshiro León Sauza, quien apenas asumió la titularidad del SESESP ya enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades administrativas que hoy tienen sin sueldo a quienes sostienen la operación de la dependencia.
