Azaín estaría saqueando las arcas municipales de Apetatitlán, le detectaron varias transferencias a un particular
Los auditores encontraron diversas transferencias bancarias realizadas entre enero y abril por un monto global de 56 mil pesos a favor de una particular por concepto de terapias de rehabilitación.
El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó que la administración municipal encabezada por Azaín Ávalos Marbán, destinó un total de 56 mil pesos de recursos públicos para supuestos servicios de rehabilitación, pero fue incapaz de demostrar quiénes recibieron esos beneficios o si realmente existieron los pacientes que justificaran el gasto.
Las observaciones corresponden a la revisión de la cuenta pública del primer semestre del ejercicio fiscal 2025, donde los auditores encontraron diversas transferencias bancarias realizadas entre enero y abril por un monto global de 56 mil pesos a favor de una particular por concepto de terapias de rehabilitación. El problema no fue únicamente el desembolso del dinero, sino que el Ayuntamiento no presentó la documentación necesaria para acreditar el destino final de esos recursos.
Aunque la administración municipal intentó respaldar los pagos con un convenio firmado con un centro de rehabilitación para brindar terapias de lenguaje, estimulación temprana, terapia ocupacional y rehabilitación física, el OFS concluyó que ese documento no es suficiente para justificar el ejercicio del gasto.
Lo más delicado es que no existe un padrón que identifique a las personas beneficiadas, tampoco expedientes de atención, listas de pacientes, evidencia de los servicios prestados ni elementos que acrediten que quienes supuestamente recibieron las terapias pertenecen al municipio de Apetatitlán.
En otras palabras, 56 mil pesos salieron de las arcas municipales, pero no existe documentación que permita comprobar con certeza quiénes fueron los beneficiarios ni cómo se aplicó ese recurso público.
Por ello, el OFS requirió al Ayuntamiento integrar el padrón de beneficiarios, el procedimiento de selección, los contratos correspondientes y toda la evidencia que demuestre que las terapias realmente fueron otorgadas y que los usuarios cubrieron las cuotas de recuperación establecidas.
Las observaciones permanecen sin solventar y vuelven a exhibir fallas en el control y comprobación del gasto público, dejando pendiente la aclaración sobre el destino de 56 mil pesos que, hasta ahora, carecen del soporte documental exigido por la autoridad fiscalizadora.
