Laura Flores propone que el ahorro del Congreso se convierta en obra pública para los 60 municipios
Plantea crear un Fondo Estatal para la Infraestructura Municipal de Tlaxcala, con recursos provenientes de la reducción presupuestal del Poder Legislativo
Tlaxcala, Tlax., 17 de septiembre de 2026.— Que el dinero que deje de gastar el Congreso del Estado no se quede en una bolsa sin destino y, en cambio, se convierta en calles, drenaje, agua potable, caminos y otras obras que beneficien directamente a las comunidades, es el objetivo de la iniciativa presentada por la diputada Laura Yamili Flores Lozano.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática propuso crear el Fondo Estatal para la Infraestructura Municipal de Tlaxcala, mediante una reforma al Código Financiero del Estado y sus Municipios.
La propuesta parte de la reforma constitucional que establece que el presupuesto anual de los congresos estatales no deberá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada entidad. En Tlaxcala, esta disposición será aplicable a partir de la próxima Legislatura.
De acuerdo con la iniciativa, la reducción presupuestal estimada para el Poder Legislativo representa alrededor de 293 millones de pesos, recursos que, sostiene Laura Flores, deben tener un destino específico y transparente.
“No se trata de generar un ahorro para que después nadie sepa dónde terminó ese dinero. Se trata de que ese recurso regrese a la gente en forma de obra pública”, plantea la iniciativa.
¿Cómo se repartirían los recursos?
Laura Flores propone que el fondo beneficie a los 60 municipios de Tlaxcala bajo dos criterios:
• 50 por ciento se distribuiría en partes iguales entre los 60 municipios.
• El otro 50 por ciento se distribuiría de acuerdo con el número de habitantes de cada municipio, tomando como referencia el último censo del INEGI.
De esta manera, todos los municipios tendrían una cantidad base y, al mismo tiempo, los municipios con mayor población recibirían una proporción adicional.
Dinero para obras, no para gasto corriente
La iniciativa establece que los recursos deberán utilizarse exclusivamente en infraestructura pública, como:
• Agua potable.
• Alcantarillado y drenaje.
• Urbanización.
• Electrificación rural.
• Caminos, calles, avenidas y carreteras.
• Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura.
Además, no podrían utilizarse para pagar nómina, materiales, servicios generales, subsidios, donativos o gasto corriente de los ayuntamientos.
Los recursos serían ejercidos directamente por los municipios, de acuerdo con las obras que cada Ayuntamiento determine como prioritarias.
Más transparencia y rendición de cuentas
La propuesta también contempla reglas para que la ciudadanía pueda conocer cuánto dinero recibe cada municipio, qué obra se realizará, cuánto costará, dónde estará ubicada y quiénes serán sus beneficiarios.
Asimismo, los Ayuntamientos deberán proporcionar la información que solicite el Órgano de Fiscalización Superior y reintegrar los recursos que no hayan sido devengados al cierre del ejercicio fiscal.
La Secretaría de Finanzas entregaría los recursos de manera mensual a los municipios y, en caso de retrasos, se contempla el pago de intereses.
“Que el ahorro se vea en las calles”
Laura Flores señaló que los municipios enfrentan importantes limitaciones para financiar obra pública y que, ante la falta de recursos suficientes, son recurrentes las solicitudes de apoyo para atender necesidades de infraestructura en las comunidades.
Por ello, sostuvo que la discusión no debe quedarse únicamente en cuánto se reduce el presupuesto del Congreso, sino también en qué pasa con ese dinero después de la reducción.
La iniciativa busca establecer desde la ley el mecanismo para que esos recursos tengan un destino definido, con criterios de distribución, reglas de operación y mecanismos de transparencia.
