Anabell Ávalos Zempoaltea
Los programas sociales son un derecho de la ciudadanía, no una herramienta para construir lealtades políticas ni un instrumento de propaganda. Por eso, su operación debe estar por encima de los intereses de cualquier partido y responder a una sola prioridad: mejorar la vida de quienes más lo necesitan.
Durante la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, en el Senado de la República, señalé que el compromiso con la justicia social no termina con entregar apoyos: implica garantizar que los recursos públicos se administren con responsabilidad, transparencia y visión de futuro, porque estamos hablando de más de un billón de pesos anuales.
Una cantidad de esa magnitud exige respuestas puntuales a preguntas que nos hacemos las y los mexicanos: ¿cómo se garantiza que los recursos serán suficientes?, ¿qué mecanismos existen para evitar que los apoyos se desvíen?, ¿cómo se asegura que lleguen a quienes realmente los necesitan y no se utilicen con fines políticos?
No basta con anunciar nuevos programas ni con presumir cifras de beneficiarios. Se necesita explicar cómo se financian, cómo se evalúan sus resultados y qué ocurrirá cuando enfrenten dificultades presupuestales. La política social no puede depender de decisiones improvisadas ni de promesas que no tengan respaldo financiero.
Además, es indispensable revisar los padrones, transparentar los criterios de incorporación y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Cada peso público debe tener un destino verificable y cada apoyo debe llegar a una persona que verdaderamente lo necesita.
Desde mi experiencia al frente de la política social en Tlaxcala, al fungir como delegada federal en mi querido Tlaxcala, sé que detrás de cada programa hay familias que esperan una oportunidad, adultos mayores que necesitan certeza, personas con discapacidad que requieren atención y hogares que enfrentan dificultades todos los días. Para ellas, un apoyo no es una cifra ni un logro de gobierno: representa parte de su sustento.
Por eso advertí en la comparecencia sobre la importancia de proteger los datos personales de los beneficiarios. La información de millones de familias no puede quedar expuesta por fallas de seguridad o falta de controles. La confianza ciudadana también se construye protegiendo su privacidad.
La justicia social debe estar por encima de discursos y propaganda. Tiene que demostrase cuando los recursos llegan a quien los necesitan y se rinden cuentas. Ninguna familia tiene que agradecerle a un partido lo que por derecho le corresponde.
En el PRI no estamos en contra de los programas sociales. Estamos en contra de que se administren sin transparencia, sin evaluación y sin garantías de continuidad. Los apoyos no son propiedad de un gobierno, mucho menos de un partido: son recursos públicos y pertenecen a la gente.
