En una muestra clara de abuso de autoridad, el edil ordenó cambiar las chapas de la oficina de la síndica sin su consentimiento, bloqueando su acceso físico al espacio donde desempeña sus responsabilidades legales.
El presidente municipal de Ayometla, David Cortes Cuchillo, enfrenta acusaciones directas por abuso de autoridad y violencia política en razón de género, luego de impedir que la síndica Chantal Cortés Díaz continúe ejerciendo sus funciones.
En una muestra clara de abuso de autoridad, el edil ordenó cambiar las chapas de la oficina de la síndica sin su consentimiento, bloqueando su acceso físico al espacio donde desempeña sus responsabilidades legales. Días antes, en sesión de cabildo, se tomó protesta a su suplente sin que existiera solicitud formal de licencia, renuncia o resolución jurídica que justificara su separación del cargo.
Para la defensa de Cortés Díaz, se trata de una acción deliberada y arbitraria promovida desde la presidencia municipal. Acusan que el alcalde actuó de manera irresponsable al ordenar —o permitir— una medida que vulnera la legalidad administrativa y los derechos políticos de una funcionaria electa.
Esta acción ilegal del munícipe obedece a que la síndica había advertido previamente sobre presuntas irregularidades financieras al interior del Ayuntamiento, lo que habría generado tensiones con el edil. Tras esos señalamientos, comenzaron episodios de hostigamiento que culminaron con su exclusión forzada.
Más allá de la disputa interna, el cierre de su oficina y la toma de protesta de su suplente sin procedimiento claro representan, un posible caso de violencia política en razón de género. Se trataría de una acción destinada a obstaculizar el ejercicio del cargo de una mujer que desempeña funciones de vigilancia y contrapeso dentro del gobierno municipal.
Mientras tanto, el actuar del presidente municipal ha sido calificado como autoritario y carente de sustento jurídico pues resultó fácil que al tener a una funcionaria incomoda para sus intereses económicos, prefirió despedirla aun y cuando esta decisión contraiga la ley.
Se espera que una vez que la afectada recurra a las instancias correspondientes, se le finquen responsabilidades al alcalde.
