Las órdenes, son claras: apoyar al proyecto oficial o asumir consecuencias laborales.
A medida que se perfila la contienda electoral de 2027, al interior del gobierno de Tlaxcala comienzan a registrarse actos de desesperación que apuntan a una presunta operación estructurada desde el poder para incidir en el proceso sucesorio.
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, fue acusada por trabajadores del gobierno local y fuentes internas de implementar una estrategia que combina presión laboral, movilización institucional y control político con un objetivo claro: frenar el avance de la senadora Ana Lilia Rivera.
De acuerdo con testimonios recabados en distintas dependencias, el temor dentro del círculo cercano al poder no es menor. Ana Lilia Rivera es vista como un perfil con crecimiento sostenido y capacidad real de competir por la gubernatura, lo que —según estas versiones— habría detonado una reacción anticipada desde la estructura estatal para contener su eventual candidatura y evitar que llegue al poder en 2027.
En ese contexto, el nombre de Alfonso Sánchez García como el “proyecto oficial”.
Trabajadores de la administración estatal acusaron que el aparato gubernamental estaría siendo utilizado para posicionarlo de manera artificial mediante encuestas dirigidas, brigadas territoriales y estrategias de promoción encubierta, con la intención de construir una narrativa de ventaja electoral desde etapas tempranas.
Uno de los mecanismos más delicados que describen trabajadores es la presunta coacción sistemática.
Mencionaron que ha sido la propia gobernadora Lorena Cuéllar quién bajo amenazas de despido, cambios de adscripción o bloqueo de prestaciones, empleados de diversas áreas aseguran haber recibido instrucciones para participar en levantamientos de encuestas, promoción territorial y tareas políticas que exceden completamente sus funciones. Las órdenes, son claras: apoyar al proyecto oficial o asumir consecuencias laborales.
Particularmente en áreas como la Secretaría de Medio Ambiente, se han identificado patrones que refuerzan estas denuncias. Funcionarios como Pedro Aquino Alvarado y Arturo de Casa Vega han sido señalados por presuntamente coordinar brigadas que recorren municipios bajo la fachada de ejercicios ciudadanos, cuando en realidad —según los testimonios— se trataría de operaciones de posicionamiento político. Incluso, se reporta que al personal se le instruye ocultar su carácter de servidores públicos.
El trasfondo de esta presunta operación no solo sería político, sino también administrativo. La administración estatal arrastra observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que ha detectado posibles irregularidades y desvíos de recursos en distintas dependencias. En ese sentido, advierten que la apuesta por un perfil afín podría responder a la necesidad de garantizar continuidad y evitar eventuales revisiones a fondo en el manejo de recursos públicos.
A esto se suma el uso de instrumentos como encuestas internas que, según versiones coincidentes, estarían siendo manipuladas para favorecer determinados resultados y construir una percepción de ventaja política inexistente. Estas mediciones serían utilizadas posteriormente como justificación para decisiones partidistas y candidaturas.
Aunque no existe una postura oficial que aclare o desmienta estas acusaciones, la acumulación de testimonios y coincidencias en los señalamientos comienza a perfilar un escenario preocupante: el de un aparato estatal presuntamente volcado a una lógica electoral, donde el miedo, la presión y el control institucional se convierten en herramientas para definir el rumbo político del estado antes de que inicie formalmente la contienda.
El proceso rumbo a 2027 en Tlaxcala, lejos de perfilarse como una competencia abierta, empieza a mostrar signos de una disputa marcada por el uso del poder, donde el principal objetivo —según estas versiones— no es solo ganar una elección, sino evitar a toda costa la llegada de un proyecto político qué es ajeno a la gobernadora y que podría evidenciar todos los actos de corrupción y abuso de poder con el que se ha manejado desde el inicio de su administración
