Transportistas acusan al gobierno de Cuéllar de ataque brutal contra campesinos “hay desaparecidos” 

 

 

La asociación exigió la presentación con vida de los presuntos desaparecidos.

 

 

 

La Asociación Nacional de Transportistas lanzó un pronunciamiento contundente contra el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, al que responsabilizan directamente de una represión violenta contra manifestantes.

En un posicionamiento público, el gremio expresó su “más enérgico y categórico rechazo” a los hechos ocurridos la mañana de este martes donde fueron desalojados transportistas y campesinos que mantenían cerrada la carretera a la altura de Nanacamilpa y el Arco Norte en demanda de mejoras para sus parcelas, pese a ejercer su derecho constitucional a la libre manifestación.

La organización denunció “Se trata de una violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales”, señalaron, al tiempo que acusaron al gobierno estatal de recurrir a la fuerza pública no para garantizar el orden, sino para sofocar la protesta social.

El pronunciamiento manifiesta que estos hechos evidencian una estrategia de criminalización contra los movimientos campesinos y transportistas, lo que —advierten— contradice cualquier discurso oficial que presuma un estado democrático y respetuoso de las libertades.

Ante este panorama, la asociación exigió la presentación con vida de los presuntos desaparecidos, el cese inmediato de cualquier acto de represión y la apertura de una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente” que sancione tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron las acciones.

Asimismo, demandaron garantías reales para el ejercicio de la protesta social, al considerar que lo ocurrido marca un precedente alarmante en la relación entre autoridades y ciudadanía organizada.

Finalmente, advirtieron que estos hechos no quedarán en el olvido ni en la impunidad, y llamaron a la unidad del gremio transportista y campesino a nivel nacional frente a lo que calificaron como un acto de violencia institucional.