Consideraron que las leyes ambientales siguen siendo demasiado permisivas.
El plan del Gobierno Federal para rescatar la cuenca del Alto Atoyac ya encontró sus primeros detractores. Organizaciones sociales, ambientalistas y habitantes de la región aseguran que la estrategia presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no ataca el verdadero problema y, de seguir así, el río seguirá siendo un foco de contaminación y enfermedades.
Tras el anuncio realizado la semana pasada por la mandataria federal, junto con la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y el director de Conagua, Efraín Morales, las comunidades afectadas difundieron un pronunciamiento en el que califican el proyecto como una medida «incompleta» que apuesta por limpiar la imagen del río, pero no por acabar con quienes lo siguen contaminando.
Fue la Asociación Civil Fray Gulián Garcés y otros colectivos quienes a través de un pronunciamiento consideraron que retirar basura, sembrar árboles, construir plantas de tratamiento y vigilar descargas no resolverá una crisis ambiental que lleva más de tres décadas afectando a miles de familias de Tlaxcala y Puebla.
Consideraron que las leyes ambientales siguen siendo demasiado permisivas, y es que la norma oficial con la que actualmente se mide la contaminación apenas contempla una veintena de sustancias, mientras investigaciones realizadas en la cuenca han detectado más de un centenar de compuestos tóxicos vertidos por la industria.
«Si las reglas siguen siendo las mismas, las empresas seguirán contaminando aunque el gobierno limpie el río todos los días», advirtieron.
También cuestionaron la insistencia de apostar por plantas tratadoras de aguas residuales, pues sostienen que esos sistemas no eliminan muchos de los contaminantes industriales más peligrosos. Incluso manifestaron su preocupación porque el agua tratada y los lodos generados puedan terminar utilizándose en tierras de cultivo, exponiendo nuevamente a las comunidades.
Pero el reclamo más duro tiene que ver con la salud. Los colectivos recordaron que durante décadas han documentado casos de cáncer, insuficiencia renal, enfermedades respiratorias y otros padecimientos que relacionan con la contaminación del Alto Atoyac. A pesar de ello, reprocharon que el nuevo plan federal no contempla un programa especial para atender a la población afectada.
Además, acusaron que el Gobierno habla de posibles riesgos para la salud cuando, aseguran, existen estudios científicos, informes oficiales e incluso recomendaciones de organismos nacionales que ya demostraron que el daño es una realidad y no una simple posibilidad.
Agregaron el proyecto no contempla acciones penales contra las grandes industrias señaladas por contaminar la cuenca, sino que la estrategia se limita a inspecciones y multas, mientras que pequeños talleres familiares sí enfrentan operativos y sanciones que, en muchos casos, ponen en riesgo su economía.
Para las organizaciones, la responsabilidad de la contaminación no puede seguir cargándose sobre pequeños negocios mientras las grandes empresas continúan operando sin enfrentar consecuencias de fondo.
Finalmente, exigieron que las comunidades sean tomadas en cuenta en todas las decisiones relacionadas con el rescate del Alto Atoyac y que el saneamiento deje de ser únicamente un proyecto de infraestructura para convertirse en una verdadera estrategia ambiental y de salud pública.
