Evitó proporcionar los pormenores que permitirían conocer qué ocurrió dentro del inmueble oficial y hasta dónde llegó la presunta operación política.
Como un mero dicho quedó el supuesto cese de tres personas por el caso de la presunta operación de propaganda política desde Casa de Gobierno.
Fue nuevamente vocero el coordinador de Comunicación, Antonio Martínez Velázquez, quien informó de las separaciones sin revelar quiénes fueron los funcionarios removidos, qué cargos ocupaban ni qué responsabilidad tuvieron en los hechos.
La falta de información marcó la intervención del vocero, quien se limitó a confirmar que ya hubo consecuencias administrativas, pero evitó proporcionar los pormenores que permitirían conocer qué ocurrió dentro del inmueble oficial y hasta dónde llegó la presunta operación política.
La situación resulta particularmente relevante porque los señalamientos apuntan a que Casa de Gobierno habría sido utilizada para actividades de promoción a favor de Alfonso Sánchez García, en medio del proceso interno de Morena.
Aunque Martínez Velázquez aseguró que tres personas ya fueron cesadas, no explicó si las separaciones estuvieron directamente relacionadas con la propaganda denunciada, qué investigación se realizó previamente ni quién determinó las responsabilidades.
Es decir, hay tres cesados, pero no hay nombres, cargos, expedientes ni una explicación clara sobre qué hicieron.
Durante su intervención, el funcionario también fue cuestionado sobre sus posibles vínculos con distintos actores políticos. En ese momento elevó el tono de su respuesta y rechazó tajantemente tener relación con la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera.
Martínez Velázquez aseguró que no tiene nada que tratar con ella y sostuvo que su trabajo está dentro de la administración estatal.
“Yo estoy trabajando para la gobernadora”, afirmó.
También negó tener relación con José Antonio Álvarez Lima y la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, al insistir en que no tiene asuntos que tratar con estos personajes.
El vocero llegó incluso a defender públicamente su forma de desempeñarse y aseguró que no es de los funcionarios que buscan aparecer en reuniones políticas o desayunos para tomarse fotografías.
“No me ven en bares, restaurantes, ni políticos, ni con desayunos para la foto. No soy ese tipo de personaje”, sostuvo.
La confirmación de los ceses, sin nombres ni detalles, deja la impresión de una respuesta administrativa a medias frente a un episodio que involucra un inmueble oficial y presuntas actividades de propaganda política.
Y mientras se anuncia que “ya hubo consecuencias”, la ciudadanía sigue sin conocer quiénes fueron sancionados, bajo qué procedimiento y cuáles fueron exactamente las irregularidades que provocaron su salida.
