Estudiantes del CBTIS 03 necesitan cascos, la escuela podría colapsar y nadie se hace responsable
Lejos de atender las recomendaciones, la dirección habría agravado el peligro al ordenar, en plena temporada de sismos, cargar el tercer piso con cerca de mil bloques.
El CBTIS 03 de Tlaxcala se encuentra en riesgo estructural y bajo una grave crisis de corrupción y acoso solapada por la dirección del plantel, denunciaron padres de familia que por temor a represalias pidieron el anonimato.
De acuerdo con la denuncia hecha llegar a este medio, existe un dictamen estructural emitido hace años y validado por el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa que advierte sobre la vulnerabilidad del edificio principal.
Lejos de atender las recomendaciones, la dirección habría agravado el peligro al ordenar, en plena temporada de sismos, cargar el tercer piso con cerca de mil bloques para dividir laboratorios y convertir oficinas en aulas de manera improvisada, sin dictamen técnico, sin permisos legales y sin justificación de seguridad.
Durante esos trabajos se demolió un muro de carga, lo que provocó un colapso parcial de la estructura que estuvo a punto de cobrar víctimas entre los trabajadores.
La obra, acusan, se ejecuta sin contratación formal, sin facturación y sin dar de alta a los albañiles ante el IMSS, dejándolos desprotegidos ante cualquier accidente y sin transparencia sobre el origen y destino de los recursos aplicados. Con ello, señalan, se configura una responsabilidad civil, penal y administrativa por poner en riesgo la vida de alrededor de mil alumnos, docentes y personal administrativo.
A la par del riesgo físico, los denunciantes adviertieron un presunto desvío de recursos orquestado desde la dirección. La directora habría desconocido al Comité Escolar de Administración Participativa legalmente constituido como Asociación Civil, con cuenta bancaria mancomunada conforme a la normativa de la DGETI, para imponer un grupo paralelo sin formalización legal ni requisitos cumplidos, al que los padres identifican como un Comité de Padres Exprés.
A través de ese grupo se recaudan y administran aportaciones en cuentas personales, a entero antojo y sin rendición de cuentas, con el propósito de monopolizar fondos públicos y sociales y sustraerlos del manejo transparente que exige la ley.
Otra irregularidad denunciada es por presunto acoso y amenazas sistemáticas contra quienes defienden la legalidad y exigen seguridad. La comunidad que fiscaliza es objeto de hostigamiento por parte de la dirección, lo que ha generado un clima de intimidación incompatible con la función educativa y ha obligado a los denunciantes a reservar su identidad por temor a represalias.
Ante estos hechos, los padres exigieron la intervención inmediata de Protección Civil para evaluar la estructura y detener las obras peligrosas, una investigación técnica que confronte el dictamen del ITIFE con las alteraciones realizadas, una auditoría financiera que compare el manejo del comité legal frente al grupo paralelo y determine el destino del dinero, así como garantías de protección para los denunciantes y sanciones ejemplares contra los responsables de poner en riesgo vidas y de presuntamente desviar recursos.
