La inconformidad estalló luego de que los alumnos denunciaran que la rectoría, encabezada por Castro López, firmó un convenio con una empresa privada para cederle el uso del invernadero universitario, espacio fundamental para las prácticas académicas.
El exdiputado local y actual rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, región poniente, Hueyotlipan, Víctor Castro López, enfrenta nuevamente fuertes críticas por parte de la comunidad estudiantil, que ha cerrado las instalaciones del plantel en protesta por decisiones administrativas que consideran autoritarias, perjudiciales y carentes de transparencia.
La inconformidad estalló luego de que los alumnos denunciaran que la rectoría, encabezada por Castro López, firmó un convenio con una empresa privada para cederle el uso del invernadero universitario, espacio fundamental para las prácticas académicas. Como consecuencia, los estudiantes ya no pueden acceder a este recurso, lo que ha limitado seriamente su formación en áreas clave.
Además, los manifestantes exigieron que se abastezcan los laboratorios, señalando que carecen del material básico para sus prácticas. Afirmaron que esta situación no es nueva, sino parte de una serie de omisiones y malos manejos que han deteriorado la calidad educativa bajo la administración del exdiputado.
A pesar de la protesta visible y el cierre del plantel, el rector difundió un comunicado en el que afirmó que las clases operaban con normalidad. No obstante, esta versión fue desmentida por los propios estudiantes, quienes permanecen en paro y advierten que no retomarán actividades hasta que se les garantice el acceso pleno a sus espacios académicos y se reviertan las decisiones unilaterales tomadas por la autoridad universitaria.
El conflicto ha escalado en los últimos días, y crece el malestar entre alumnos, docentes y padres de familia, quienes ven con preocupación cómo la universidad se ha visto envuelta en intereses externos, descuidando su misión educativa. La figura del rector, lejos de ser conciliadora, ha avivado la inconformidad por su historial político y su falta de respuesta efectiva ante las necesidades del alumnado.
La comunidad universitaria exige transparencia, diálogo real y que se prioricen las necesidades de los estudiantes por encima de convenios privados o intereses ajenos a la educación pública.