Las nuevas disposiciones contemplan penas de 3 a 7 años de prisión y multas de hasta 500 UMA.
En una decisión que busca cerrar la puerta a la impunidad, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para endurecer las sanciones por abuso sexual y eliminar interpretaciones que durante años beneficiaron a agresores.
La propuesta fue hecha por la diputada Lorena Ruíz y el cambio más contundente establece que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia ya no podrán considerarse consentimiento, dejando claro que estas conductas no justifican ni validan ningún acto.
Las nuevas disposiciones contemplan penas de 3 a 7 años de prisión y multas de hasta 500 UMA. En casos más graves, como cuando la víctima es menor de 12 años o no puede defenderse, las sanciones aumentan hasta 10 años de cárcel.
Además, la reforma incluye 12 agravantes que incrementan las penas, entre ellas el uso de violencia física o psicológica, el abuso de relaciones de confianza —familiares, laborales o religiosas—, así como cuando el responsable es servidor público o ministro de culto.
Como parte del nuevo enfoque legal, se determinó que estos delitos serán perseguidos de oficio, lo que permitirá actuar a las autoridades sin necesidad de denuncia previa. También se establece la reparación integral del daño, con atención psicológica especializada para las víctimas.
La reforma incluye, además, la implementación de talleres reeducativos con perspectiva de género para agresores, con el fin de prevenir la reincidencia.
Con estas modificaciones, el Poder Legislativo busca responder a una demanda social creciente: que ningún caso de abuso quede sin castigo por vacíos legales o interpretaciones ambiguas.
