Los inconformes documentaron una constante disminución en apoyos al sector agrícola.
Productores afiliados al Frente Nacional del Rescate al Campo Mexicano (FNRCM) exigieron la renuncia de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros luego del desalojo ocurrido el pasado 7 de abril en Nanacamilpa —donde acusan el uso de la fuerza pública— obedece a una serie de omisiones acumuladas durante su administración.
De acuerdo con testimonios recabados tras el Encuentro Nacional de Productores y Transportistas, los inconformes documentaron una constante disminución en apoyos al sector agrícola, retrasos en programas y falta de seguimiento a compromisos adquiridos con comunidades rurales. A esto suman la ausencia de políticas integrales que atiendan problemas estructurales como el acceso a insumos, financiamiento y comercialización.
Además, señalaron que las condiciones de seguridad en zonas rurales se han deteriorado. Productores refieren incrementos en robos de cosechas, maquinaria y transporte, sin que exista —afirman— una estrategia efectiva por parte de las autoridades estatales. Esta situación, advierten, ha encarecido la producción y reducido la capacidad operativa de pequeños y medianos agricultores.
El operativo en Nanacamilpa, ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es descrito por los campesinos como una respuesta desproporcionada a una protesta legítima. En ese contexto, responsabilizaron directamente al gobierno estatal por lo que consideran una política de contención basada en el uso de la fuerza, en lugar de mecanismos de diálogo efectivos.
Entre las demandas formales del FNRCM destacan la destitución de la titular del Ejecutivo estatal, la salida de funcionarios involucrados en los hechos, así como la reparación del daño a los afectados. También solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al argumentar que la administración local ha sido rebasada por la problemática del campo.
Los productores advirtieron que no participarán en nuevas mesas de trabajo si no existen resultados concretos, al tiempo que insistieron en la necesidad de una reestructuración del aparato gubernamental estatal. El conflicto refleja una confrontación puntual y el desgaste sostenido entre el sector agrícola y el gobierno encabezado por Cuéllar Cisneros, que lejos de escuchar sus demandas y actuar a favor del sector agricola utilizó la fuerza pública y su estilo revanchista para atentar en contra de la vida de los agricultores.
