El problema no radica únicamente en los números, sino en la insistencia del gobierno estatal por sostener una versión que no resiste el escrutinio de los indicadores federales.
Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros insiste en posicionar a Tlaxcala como “el estado más seguro del país”, los datos oficiales federales revelan una realidad mucho menos favorable y abren serios cuestionamientos sobre la veracidad del discurso gubernamental.
De acuerdo con el más reciente reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte a marzo de 2026, la entidad acumuló 32 homicidios dolosos en el primer trimestre del año. Esta cifra coloca a Tlaxcala en el lugar 17 a nivel nacional, lejos de cualquier liderazgo en materia de seguridad.
El dato es contundente: con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, Tlaxcala no solo se ubica en la media nacional, sino que comparte niveles con estados como Jalisco, históricamente marcados por la violencia del crimen organizado. Este indicador desmonta la narrativa oficial de la mandataria que pretende presentar a la entidad como un estado seguro.
Más aún, la comparación resulta incómoda para el gobierno estatal. Entidades como Yucatán, Coahuila y Querétaro reportan niveles significativamente más bajos de violencia, evidenciando que Tlaxcala no figura entre los estados más seguros. Incluso, al analizar la tasa por habitante, la entidad supera a zonas densamente pobladas como la Ciudad de México o Nuevo León.
Este contraste entre discurso y datos sugiere una estrategia de comunicación basada más en la construcción de percepción que en la realidad documentada. Bajo esta lógica, el gobierno oficialista prioriza cifras selectivas mientras minimiza el impacto real de la violencia en las familias tlaxcaltecas.
El problema no radica únicamente en los números, sino en la insistencia del gobierno estatal por sostener una versión que no resiste el escrutinio de los indicadores federales. La falta de reconocimiento del problema, podría traducirse en una política pública desconectada de la realidad.
Así, mientras desde el Ejecutivo se presume estabilidad, los registros oficiales dibujan un panorama donde la violencia persiste y la rendición de cuentas se diluye. La brecha entre lo que se dice y lo que ocurre parece crecer al mismo ritmo que la desconfianza ciudadana.
