Investigación y cárcel para los que violan las leyes desde el OFS; alcaldes se hartan del hostigamiento

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Piden investigar y castigar con cárcel a los violentadores de las y que operan desde el OFS.

 

El convenio entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala levantó inconformidades entre autoridades municipales, quienes aseguran que el acuerdo no cambia las reglas del juego ni le da nuevas facultades al Congreso local para meter mano en la revisión de recursos federales.

De acuerdo con la interpretación de algunos funcionarios, aunque el convenio busca coordinar auditorías al gasto federalizado, el Congreso de Tlaxcala sigue sin tener atribuciones para revisar, calificar o dictaminar el ejercicio de los recursos federales que llegan a municipios y otros entes públicos, ya que esa responsabilidad continúa en manos de la ASF.

Pero el tema no quedó ahí. Alcaldes, tesoreros y servidores públicos han expresado inconformidad por los procedimientos administrativos que, aseguran, se han iniciado desde el OFS y que consideran sin suficiente sustento y una vil violación.

En sus señalamientos mencionan a Noemí Nohpal González, jefa de Investigación del OFS; Abdiel Reyes Cristóbal, jefe de la Unidad de Substanciación; y Arturo Lucio Salas Miguela, auditor del Órgano de Fiscalización Superior, como los funcionarios que tienen a su cargo el inicio de estos procesos.

Los inconformes afirmaron que varias investigaciones terminan enviándose al Sistema Estatal Anticorrupción, pero cuestionaron que en algunos casos no existen sanciones claras, resultados públicos o reparación del daño.

Por lo anterior llamaron a presidentes municipales, tesoreros y funcionarios a mantenerse unidos y defender sus derechos por las vías legales, ya que lo que según manifestaron el OFS actúa de manera arbitraria y ventajosa.

Al final, el reclamo de los municipios es que las auditorías sirvan para corregir errores y transparentar cuentas, no para convertirse en una herramienta de presión contra quienes manejan recursos públicos, como ha ocurrido al interior del OFS y a cuyo juego se ha prestado el propio Poder Legislativo.