La investigación identifica a José Humberto Cuéllar Pérez como representante de Grupo Ailic y señala que, al mismo tiempo, habría desempeñado funciones públicas en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala
Mientras miles de familias dependen de los programas de asistencia social, el Sistema Estatal DIF (SEDIF), encabezado por Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, hija de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, presuntamente habría otorgado contratos millonarios otorgados a Grupo Ailic S.A. de C.V., empresa que habría recibido 577 millones 253 mil 529 pesos en cuatro convenios, según una investigación de La Opinión de México.
El reportaje “Todo queda entre Cuéllar’s”, publicado el 10 de octubre, expone una serie de adjudicaciones para programas alimentarios y ayudas sociales que ponen bajo escrutinio los mecanismos con los que se distribuyen los recursos públicos en Tlaxcala.
Los montos reportados llaman la atención: un contrato por 96.2 millones de pesos en 2023; convenios que sumaron 224.5 millones en 2024; y otros dos por 144.8 millones y 15.3 millones de pesos, respectivamente. En conjunto, las cantidades superan los 577 millones de pesos destinados a la empresa.
Pero el punto más delicado no es solamente el tamaño de los contratos. La investigación identifica a José Humberto Cuéllar Pérez como representante de Grupo Ailic y señala que, al mismo tiempo, habría desempeñado funciones públicas en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, primero en el área de Recursos Materiales y Servicios Generales y posteriormente en una subdirección financiera.
Lo peor es que los convenios señalados están relacionados con programas alimentarios y apoyos sociales. La administración de Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar debe transparentar los procedimientos, los criterios de selección del proveedor y la documentación que respalde el uso de los recursos.
Los 577 millones de pesos reportados ponen bajo escrutinio la gestión de Lorena Cuéllar y de su hija al frente del SEDIF. Ya que son recursos públicos destinados a atender necesidades sociales, mientras la investigación periodística señala que la empresa beneficiada tenía como representante a una persona que también ocupaba cargos en la estructura estatal.
Ahora debe explicarse por qué una empresa recibió convenios de semejante magnitud y qué controles impidieron —o permitieron— esa coincidencia entre intereses empresariales y funciones públicas.
