Respecto a los números de que 64 niñas fueron madres de familia a corta edad no emitió ningún comentario.
Pese a que el Gobierno del Estado presumió un acuerdo de cooperación con Uruguay para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en la entidad 64 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres durante 2025, sin que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) precisara cuántas recibieron protección ante la posibilidad de que sus embarazos fueran consecuencia de violencia sexual.
La cifra de 64 niñas de entre 10 y 14 años que fueron madres en Tlaxcala durante 2025 proviene de los registros del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala.
Aunque el convenio busca mejorar la respuesta institucional, las autoridades no informaron cuántos de los 64 casos registrados activaron la Ruta NAME, el mecanismo previsto para atender a niñas y adolescentes embarazadas menores de 15 años.
La falta de cifras sobre estas intervenciones deja sin conocer el alcance de la protección brindada a las menores, pese a que el propio estado cuenta con mecanismos para identificar posibles casos de violencia y coordinar la actuación de las instituciones responsables.
El proyecto denominado Fortalecimiento Institucional para la Atención y Prevención de Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes en Tlaxcala y Uruguay fue seleccionado entre 111 propuestas presentadas en el marco de la cooperación entre ambos países y contará con 100 mil dólares del Fondo Conjunto México-Uruguay.
En reciente declaración, la presidenta honorífica del SEDIF presumió ese pacto como uno de los más importantes para las infancias, pero respecto a los números de que 64 niñas fueron madres de familia a corta edad no emitió ningún comentario, y se enfocó a ensalzar el acuerdo, que, según ella será inédito para la entidad.
“Es muy bueno que empiecen a mirar a Tlaxcala desde otros países, en este caso con Uruguay estaremos trabajando para la protección de las infancias”, dijo.
A este panorama se suman niñas, niños y adolescentes que han recibido representación jurídica en procesos judiciales relacionados con delitos sexuales, pero que no han sido tampoco aclarados por ninguna autoridad estatal.
Hasta ahora, los datos difundidos no detallan cuántos de esos procedimientos concluyeron con sentencia, cuántos siguen abiertos ni en cuántos se obtuvo reparación integral del daño.
El acuerdo internacional representa una oportunidad para mejorar la atención, pero no sustituye la obligación de informar qué ocurre con las víctimas ni de demostrar que los mecanismos existentes funcionan.
En una entidad donde 64 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en un solo año, la protección de las infancias exige algo más que convenios firmados, se trata de prevención, acompañamiento, protección y sobretodo políticas públicas del SEDIF para realmente asegurar que la protección sexual de las infancias esté garantizada y eso se refleje en estadísticas a favor del amparo y no sólo se quede en papeles firmados.
