Pareciera que Jacqueline Ordóñez está al servicio y del lado del gobierno que encabeza la priista Lorena Cuéllar Cisneros.
La omisión de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jacqueline Ordóñez Brasdefer ha desatado una fuerte indignación luego del desalojo violento de campesinos en Nanacamilpa, donde fuerzas estatales intervinieron con uso de gas lacrimógeno y fuerza pública para retirar un bloqueo carretero.
El grupo de productores se había instalado desde horas previas sobre la carretera libre hacia Calpulalpan y en el Arco Norte como medida de presión, en espera de una respuesta concreta a sus demandas y de la realización de una mesa de diálogo con autoridades, incluso de carácter federal. Los campesinos aseguraban que su manifestación era pacífica y buscaba visibilizar la crisis que enfrenta el campo.
Entre sus principales exigencias se encontraba el establecimiento de un precio más justo para el maíz, cercano a los 7 mil 200 pesos por tonelada, así como mejores condiciones para la comercialización de la cebada, ante el incremento en los costos de producción que, afirmaron, ha rebasado sus ingresos y puesto en riesgo su actividad.
Sin embargo, durante la madrugada, fuerzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo sorpresivo para retirar el bloqueo, lo que derivó en empujones, uso de agentes químicos y el aseguramiento de tractores y camiones, generando un ambiente de confrontación y denuncias por uso excesivo de la fuerza.
En medio de estos hechos, no se reportó en ningún momento la presencia de la titular de la CEDH ni de personal que documentara posibles violaciones a derechos humanos. Hasta ahora, tampoco se ha emitido un posicionamiento firme ni se ha anunciado el inicio de alguna investigación, pese a la difusión de múltiples videos que evidencian la intervención de los cuerpos de seguridad.
Campesinos han acusado que la funcionaria, lejos de cumplir con su responsabilidad de vigilar, prevenir y garantizar derechos como la libre expresión y la protesta pacífica, se ha convertido en una figura omisa e incluso cómplice frente a los abusos del gobierno de Lorena Cuéllar.
Las críticas apuntan a que la CEDH no solo falló en acompañar a los manifestantes en un momento clave, sino que ha mantenido un patrón de silencio ante distintas movilizaciones sociales, donde —aseguran— su intervención ha sido inexistente o meramente simulada, sin que se traduzca en acciones concretas contra autoridades municipales o estatales.
De acuerdo con sus atribuciones, la Comisión debería actuar de oficio ante posibles violaciones a derechos humanos, documentar los hechos, emitir medidas cautelares y garantizar la protección de los afectados. Sin embargo, en este caso, no hay evidencia pública de que se hayan activado estos mecanismos, lo que ha incrementado el malestar entre los campesinos.
Los productores desalojados exigen que se sancione a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como al gobierno encabezado por Lorena Cuéllar, al considerar que se rebasaron los límites en el uso de la fuerza y se vulneraron derechos fundamentales.
El caso ha colocado nuevamente bajo escrutinio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuestionando su independencia y su papel real en la defensa de la ciudadanía, especialmente cuando se trata de enfrentar acciones del propio gobierno.
