Quedó descubierta la incompetencia, abuso de poder y una peligrosa mezcla de ignorancia jurídica con obediencia política.
El Petardo / Al Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
El silencio que se apoderó del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) no fue casualidad: fue el eco de un golpe seco, jurídico y demoledor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le puso un alto al auditor Arturo Salas Miguela y, de paso, exhibió el tamaño de los abusos cometidos bajo su gestión.
La Corte fue clara: el auditor no está para perseguir, fabricar culpables ni operar venganzas políticas. Su función es fiscalizar recursos estatales, no convertir el cargo en garrote. Pero en Tlaxcala, esa línea se borró deliberadamente.
El responsable del OFS que ha demostrado ser un títere y arrastrado de la mandataria estatal Lorena Cuéllar Cisneros y del ahijado consentido oriundo de Morelos, Luis Antonio Ramírez Hernández, con un manotazo en la mesa de recordaron que su facultad es exigir a los ayuntamientos transparencia y buena aplicación de las monedas y no de los billetes.
Quedó claro que la ex titular Isabel Maldonado Textle y Arturo excedieron sus facultades y realizaron trabajo que no les corresponde, ellos contribuyeron a castigar a ex autoridades municipales, pero se vieron más hambreados que los que acusaron por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
No hay que ser científico para interpretar que el castigo de los ex presidentes fue por órdenes superiores que se plantearon desde Palacio de Gobierno y la habrían cuadrado entre Maldonado Textle o Salas Miguela según fue el caso, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción y el Ministerio Público.
En este proyecto chingativo entraron a la cárcel seis ex alcaldes del 2022 al 2025, la lista la conforman: el de Panotla Eymard Grande; Calpulalpan, Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Zacatelco, Hildeberto Pérez Maldonado; se vinculó a proceso al de Chiautempan Héctor Rugerio pero problemas de salud detuvo su ingreso a la rejas.
Además se dio la detención del Ex Edil de Xaloztoc, J. Carmen y el más reciente fue el de Tlaltelulco, Marco Antonio Meléndez.
Si cometieron o no delitos por la corrupta aplicación de los recursos es una facultad que le toca castigar a las autoridades federales y en todo caso el Congreso local puede dictaminar las cuentas públicas, pero solo tienen repercusiones políticas, más no legales.
Ahora bien, los ex ediles que fueron privados de su libertad por aparente “capricho del ejecutivo” podrían iniciar un proceso legal para castigar a quien o quienes están involucrados con la fabricación de carpetas para llevar al CERESO a quienes no son del agrado del gobierno en turno o simplemente por aquellos que se negaron a formarse en la línea política del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar.
Los políticos perseguidos tienen la facultad de interponer una denuncia penal en contra del auditorio y ex auditora, el MP, el de Justicia Administrativa y el Fiscal Antircorrupción.
En el caso del ex edil de Zacatelco podría exigir la devolución de la multa que le fue aplicada de más de 2 millones de pesos y una suma económica por daños y perjuicios.
Todo lo anterior se deriva de una autoridad incompetente, hubo colisión e ignorancia para dar paso al delito de administración.
Hoy, con el fallo de la SCJN sobre la mesa, el escenario cambia radicalmente. Los ex ediles que fueron privados de su libertad tienen en sus manos la posibilidad de revertir la historia. Pueden denunciar, pueden exigir responsabilidades y, sobre todo, pueden evidenciar la fabricación de expedientes que los llevó tras las rejas.
Todas las denuncias son ilegales
En su más reciente declaración, el ridículo auditor informó que se les da seguimiento a denuncias interpuestas en ejercicios anteriores y detalló que alrededor de 170 querellas han sido ya turnadas a la Fiscalía Anticorrupción.
